Ley Contratos del Sector Público (3)

1.- Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta:

El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, aunque no estuvieran previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, estuvieran o no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. El importe de las revisiones de precios que se hayan de efectuar.

2.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que las entidades del sector público podrán contratar verbalmente:

No, en ningún caso. No, salvo que se trate de contratos celebrados por entidades creadas para satisfacer necesidades que tengan carácter industrial o mercantil. No, salvo que expresamente venga contemplada tal posibilidad en los pliegos de cláusulas No, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

3.- El procedimiento negociado sin publicidad recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público está indicado:

Entre otros casos, para supuestos en que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única. Cuando el contrato a celebrar por la Administración no haya sido declarado secreto o reservado. La actual Ley 9/2017, no contempla el procedimiento negociado sin publicidad. El art. 168 de la Ley 9/2017 sólo contempla el procedimiento negociado sin publicidad cuando no haya ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación.

4.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una causa de anulabilidad de un contrato administrativo:

Todos aquellos actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada , del adjudicatario. La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a la Ley, salvo los supuestos de emergencia. La falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

5.- En relación con el tratamiento de datos de naturaleza penal, el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone:

Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango legal. Los abogados y procuradores no podrán tratar los datos relativos a condenas e infracciones penales. El tratamiento de este tipo de datos se regula en el Código Penal. Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango reglamentario.

6.- Para contratar la ejecución de una obra conjuntamente con la redacción del proyecto para su realización deberá formalizarse, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

Un contrato de obras Un contrato mixto. Un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, según la prestación más importante desde el punto de vista económico. Un contrato de servicios.

7.- Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas tienen, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la consideración de:

Contratos mixtos. Contratos menores. Contratos especiales. Contratos privados.

8.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente:

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no tiene competencias en materia de contratación. Para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos. Para resolver todas las cuestiones litigiosas relativas a los contratos administrativos. Para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos privados.

9.- Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el artículo 107.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará:

Atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. Atendiendo al valor estimado del contrato, IVA excluido. Atendiendo al precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta. A tanto alzado, sin que pueda exceder el 5% del presupuesto base de licitación.

10.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 122.1 que los Pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse:

Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de su adjudicación. Con la adjudicación del contrato, cuando ya se conoce quién es el adjudicatario. Siempre antes de iniciar un expediente de contratación. Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, o en caso de no existir esta, antes de su adjudicación.

11.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto ¿puede el órgano de contratación adjudicar un contrato sin tener en cuenta la propuesta formulada por la Mesa de contratación?

No, nunca, hay que dicha propuesta es vinculante para el órgano de contratación. Si, y deberá motivar su decisión. Si, pero solo en los procedimientos restringidos. Si, previa audiencia del propuesto como adjudicatario.

12.- En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿puede el contratista resolver el contrato por demora en el pago del precio por parte de la Administración Pública contratante?

Siempre que el retraso sea superior a 4 meses. Siempre que el retraso sea superior a 6 meses. La demora en el pago del precio por parte del contratante no es causa de resolución del contrato, sólo da derecho al cobro de intereses. La demora en el pago del precio por parte del contratante no es causa de resolución del contrato, sólo da derecho al cobro de intereses y también a indemnización.

13.- Conforme al artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley 9/2017), es una causa de resolución de un contrato:

La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto la Ley en relación con la sucesión del contratista. La solicitud de la declaración de concurso por el contratista en cualquier otro procedimiento. El retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un cuarto del plazo de duración inicial del contrato. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 10 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

14.- En la delimitación de los tipos contractuales de la Ley 9/2017: ¿a qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición: 'Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada'?

Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contrato de servicios. Contrato basado.

15.- De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, la garantía provisional:

Es obligatoria para todo procedimiento. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del presupuesto de adjudicación. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición en ningún caso podrá superar el 2 por 100 del presupuesto de adjudicación.

16.- En relación a los contratos sujetos a regulación armonizada, la Ley 9/2017 dispone:

Son contratos sujetos a una regulación armonizada todos los contratos de obras. No se consideran sujetos a regulación armonizada los contratos que tengan por objeto la adquisición de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual, salvo que su valor estimado sea superior a 100.000 euros. No se consideran sujetos a regulación armonizada los contratos declarados secretos o reservados. Los contratos que tengan por objeto la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado estarán siempre sujetos a regulación armonizada.

17.- A los efectos de la Ley 9/2017 cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos, se entenderá por:

Marcador. Clasificación. Indicador. Etiqueta.

18.- La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante Ley de Contratos), establece que cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de:

Quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Diez días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Siete días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Diez días contados desde la fecha el acuerdo de modificación.

19.- Según la Ley de Contratos, ¿cúal es la denominación del contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derechos acompañado del de percibir un precio?

Gestión interesada Encomienda de gestión Concesión de servicios Gestión de servicios

20.- Serán causas de resolución del contrato de obras, según la Ley de Contratos:

La demora, aún siendo justificada, en la comprobación del replanteo. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cinco meses. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración. La imposición de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

21.- Según el artículo 111.2 de la Ley de Contratos, el acuerdo de devolución de la garantía:

Deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del contrato. Deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de garantía. Deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de garantía. Deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

22.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos y en relación con los contratos menores:

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos semestralmente.

23.- Según el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante Ley de Contratos), el valor estimado de los contratos será determinado por:

En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe total de la cifra de negocios. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

24.- Según la Ley de Contratos, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, se considerarán contratos de :

Suministros. Gestión de servicios públicos. Concesión de servicios Servicios.

25.- Según el Art. 151.1 de la Ley de Contratos la resolución de adjudicación:

Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores en el plazo de 20 días. Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 10 días. Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores en el plazo de 30 días.

26.- Según el Art. 103.5 de la Ley de Contratos salvo en los contratos de suministro de energía, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos de sector público tendrá lugar cuando el contrato se hubiese:

Ejecutado, al menos en el 10 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años de su formalización. Ejecutado, al menos en el 10 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año de su formalización. Ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año de su formalización. Ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años de su formalización.

27.- La Ley de Contratos establece en su artículo 156 que el procedimiento por el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, se denomina:

Negociado. Abierto. Restringido. Concurso.

28.- De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), y en relación a la solicitud de medidas cautelares en el marco de un recurso especial:

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes de interponer el recurso especial. Las medidas cautelares serán adoptadas, de oficio, por el órgano competente para resolver el recurso. En ningún caso las medidas cautelares podrán suspender o hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato. No está prevista la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

29.- Dentro del Sector Público y de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley de Contratos, tendrán la consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades:

Los partidos políticos, asi como organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, cuando ejerzan potestades públicas. Los consorcios y otras entidades de derecho público, siempre que, pudiéndose considerar poderes adjudicadores, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Las Entidades Públicas Empresariales a que se refiere la Ley 40/2015, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad juridica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

30.- Se consideran contratos de suministros, de acuerdo con la Ley de Contratos:

Los contratos relativos a valores negociables. Los contratos que tenga por objeto programas de ordenador desarrollados a medida. Los contratos relativos a propiedades incorporales. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

31.- Conforme al artículo 107 la Ley de Contratos, y en cuanto a las garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas:

No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés particular, lo considere necesario. Cuando se exija garantía provisional se depositará en todo caso ante el órgano de contratación. En ningún caso el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, se preste una garantía complementaria.

32.- La Ley de Contratos establece en el procedimiento abierto simplificado que, en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, se podrá:

Requerir la constitución de garantía provisional. El plazo para la presentación de proposiciones podrá ser inferior a diez días hábiles. Requerir a los licitadores la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Efectuar la formalización del contrato mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

33.- De acuerdo con el articulo 211 de la Ley de Contratos, y en relación con las causas de resolución de los contratos:

Es causa de resolución la muerte del contratista individual, pero no su incapacidad sobrevenida. Es causa de resolución la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, ya que no cabe la sucesión del contratista. Es causa de resolución el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. Es causa de resolución el incumplimiento de las obligaciones parciales del contrato.

34.- Según el art. 36 de la Ley de Contratos, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan:

Con su adjudicación. Con su formalización. Con su publicación. Con su firma.