Examen Administrativo P.I. 2023

1.          El Tratado de la Unión Europea establece que:

a)       El Parlamento Europeo ejercerá la función legislativa y la función presupuestaria. b)       El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. c)       El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. d)       El Consejo Europeo ejercerá la función legislativa y la función presupuestaria.

2.           ¿Qué tratado crea el Comité de las Regiones de la Unión Europea?

a)       El Tratado de París. b)       El Tratado de Maastrich. c)       El Tratado de Bruselas. d)       El Tratado de Roma.

3.           De acuerdo con el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todo ciudadano de la Unión tendrá el derecho de petición ante:

a)       El Defensor del Pueblo. b)       El Parlamento Europeo. c)       La Comisión. d)       No existe el derecho de petición.

4.           Los Tratados internacionales formarán parte del ordenamiento interno español, tal y como dispone la Constitución Española:

a)       Tras su celebración. b)       A los 20 días de su publicación. c)       Una vez publicados oficialmente. d)       En el plazo fijado por los Estados firmantes.

5.           Conforme al artículo 90 de la Constitución Española, para enmendar o vetar un proyecto de ley, el Senado dispone de un plazo de:

a)       3 meses,a partir deldía de la recepción del texto ,si bien ese plazo se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. b)       2 meses, a partir del día de la recepción del texto si bien ese plazo se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. c)       3 meses, a partir del día de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá al de 20 días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. d)       2 meses, a partir del día de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá al de 20 días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

6.           Según establece la Constitución Española, es un derecho fundamental de los ciudadanos:

a)       El derecho a la propiedad privada. b)       El derecho a la protección de la salud. c)       El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada d)       El derecho a circular por el territorio nacional.

7.          Las decisiones del Consejo de Gobierno y de sus miembros, relativas a actos concretos de órganos colegiados o unipersonales respectivamente, revisten, de conformidad con la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la forma de:

a)       Decretos del Consejo de Gobierno. b)       Órdenes del Consejero. c)       Acuerdos y Resoluciones. d)       Órdenes acordadas en Comisión Delegada.

8.           El art. 33 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla­ La Mancha, establece que los titulares de los órganos de apoyo y directivos de la Administración Regional serán nombrados y cesados:

a)       Mediante Decreto del Consejo de Gobierno. b)       Por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. c)       Mediante Decreto de la Presidencia de la Junta. d)       Por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a propuesta delConsejero.

9.       De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, los Decretos del Consejo de Gobierno requieren, para su efectividad:

a)        La firma del Presidente de la Comisión Delegada competente b)       La firma del Consejero competente. c)        La firma del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. d)       La firma del Presidente de la Cortes Regionales.

10.       Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con el principio -establecido en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1de octubre de Régimen Juridico del Sector Público- de:

a)       Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. b)       Solidaridad funcional de acuerdo con la Constitución. c)        Economía y eficacia. d)       Proporcionalidad.

11.       De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 40/20 15, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de un consorcio entre Administraciones, organismos públicos o entidades participantes se realizará mediante:

a)       Convenio. b) Ley c) Orden d) Contrato

12.       Según el artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencia! de las otras Administrac iones Públicas:

a)        Las Comisiones Bilaterales de Cooperac ión. b)       Las Comisiones Territoriales de Coordinación. c)        La Conferencia de Presidentes. d)       Las Conferencias Sectoriales.

13.       En su actuación y relaciones, las Administraciones Públicas deberán, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respetar el principio de:

a)       Protección de los datos de caracter personal. b)       lnteroperabilidad y seguridad de los sistemas. c)       Responsabilidad por la gestión pública. d)       Proporclonalidad, y elegir la medida menos restrictiva.

14.       En los órganos colegiados, y de acuerdo con el articulo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, le corresponde:

a)       Al Presidente. b)       Al miembro jurídico de la mesa. c) Al Secretario d) Al órgano colegiado.

15. Según establece el artículo 53 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen

a)       Los 300.000 euros, dentro de los seis meses siguientes a su suscripción. b)       Los 600.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. c)        Los 300.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. d)       Los 600.000 euros, dentro de los seis meses siguientes a su suscripción.

16.       Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el ejercicio de acceso y cuando el afectado exija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado:

a)       La solicitud será considerada excesiva y se denegará. b)       La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes. c)        Debe accederse a la solicitud, independientemente del coste. d)       La solicitud será considerada excesiva y se otorgará el derecho de acceso por el medio ofrecido por la Administración.

17.       Según el artículo 26.3 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo:

a)       Requerirán firma electrónica al igual que cualquier otro documento emitido por la Administración. b)       No será necesario identificar el origen del documento, pero precisará firma electrónica. c)        No requerirán firma electrónica. d)       No está contemplada esta cuestión en la citada ley.

18.       Según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando el recusado manifieste que se da en él la causa alegada, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución:

a)       En un máximo de 2 días. b)       En un máximo de 3 días. c)        En el día siguiente. d)       Acto seguido.

19.       Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá previos los informes y comprobaciones que considere oportuno en el plazo de:

a)       Un día. b)      Tres días. c)       Diez días. d)       Cinco días.

20.     De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta en relación con la competencia de los órganos administrativos:

a)       La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos adm inistrativos no podrá ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes. b)       El ejercicio de las competencias de los órganos administrativos podrá delegarse en otros órganos de a misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. c) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. d) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez seránecesaria su publicación.

21.     De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia:

a)       No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesar ia su publicación. b)       Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. c)        No implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación. d)        Implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación.

22. ¿Quien controla, de acuerdo con la Constitución Española, la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa?

a)       Las Cortes Generales. b)       Los órganos administrativos. c)        Los Tribunales. d)       Los poderes públicos.

23. Señale la respuesta correcta en relación con la validez y eficacia de los convenios administrativos regulados en la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a)       Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, que impliquen cesión de la titularidad de la competencia. b)       Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes de un convenio no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ej ecución del convenio. c) La gestión, justifi cación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública se ajustarán a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. d)       Los convenios se perfeccionarán por su publicación en el boletín oficial correspondiente.

24.        Señale en qué caso establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el abono de intereses de demora por la liquidación practicada con ocasión de la resolución de un convenio:

a)       Siempre que se produzca por incumplimiento de los compromisos asumidos por alguna de las partes. b)       Solo cuando el incumplimiento de tales compromisos sea grave. c)       Cuando haya transcurrido el plazo de un mes para que se proceda al reintegro previsto en la Ley 40/2015 y éste no se haya efectuado d)       Cuando la causa de resolución del convenio sea por decisión judicial.

25. Respecto al procedimiento de responsabilida d patrimonial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

a)       Se iniciará siempre a solicitud del interesado. b)       Se iniciará siempre de oficio. c)       Se deberá iniciar de oficio cuando proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrat iva o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general. d)       Se podrá iniciar de oficio, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el procedimiento en el plazo establecido.

26.       Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos el 20 por 100, ¿esto es cierto?

a)       Si, pudiendo incrementarse legalmente b)       No, dado que al menos serán del 40 por ciento. c) Si, pudiendo incrementarse legalmente o reglamentariamente. d) Si, pudiendo incrementarse reglamentariamente.

27.       ¿Qué órgano puede, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrac iones Públicas, acordar la suspensión del acto impugnado por la interposición de un recurso administrativo?

a)       El órgano ante el que se presentó el recurso. b)       El órgano al que corresponda la instrucción del recurso. c)       El órgano al que competa resolver el recurso. d)       El superior jerárquico del órgano que deba resolver el recurso.

28.       La Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra ciones Publicas establece que, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la misma:

a) Sólo mediante Decreto Ley. b)       Mediante Decreto Ley. c)       Sólo mediante Ley. d)       Mediante Decreto

29. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto:

a)       En los casos de caducidad del procedimiento. b)       En los casos de desistimiento de la solicitud. c)        En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d)       En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

30.       Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta:

a)       El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, aunque no estuvieran previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. b)       El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, estuvieran o no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. c)        Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. d)       El importe de las revisiones de precios que se hayan de efectuar.

31.        La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que las entidades del sector público podrán contratar verbalmente:

a)       No, en ningún caso. b)       No, salvo que se trate de contratos celebrados por entidades creadas para satisfacer necesidades que tengan carácter industrial o mercantil. c)        No, salvo que expresamente venga contemplada tal posibilidad en los pliegos de cláusulas d)       No, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

32.       El procedimiento negociado sin publicidad recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público está indicado:

a)       Entre otros casos, para supuestos en que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única. b)       Cuando el contrato a celebrar por la Administración no haya sido declarado secreto o reservado. c)        La actual Ley 9/2017, no contempla el procedimiento negociado sin publicidad. d)       El art. 168 de la Ley 9/2017 sólo contempla el procedimiento negociado sin publicidad cuando no haya ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación.

33.       Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una causa de anulabilidad de un contrato administrativo:

a)       Todos aquellos actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. b)       La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada , del adjudicatario. c)    La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a la Ley, salvo los supuestos de emergencia. d)       La falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

34.       De conformidad con la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de:

a)       3 meses. b)       6 meses. c)        12 meses. d) 18 meses.

35.       El art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que podrán nombrarse funcionarios interinos, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de:

a)       Seis meses, dentro de un periodo de doce meses. b)       Nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. c)       Doce meses. d)       Doce meses, dentro de un periodo de tres años.

36. La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, dispone que al personal eventual le es aplicable:

a)       Sólo el régimen retributivo y de incompatibilidades del personal funcionario de carrera. b)        El mismo régimen de méritos para la promoción interna que al personal funcionario, reconociéndosele todos los servicios prestados. c)        El régimen general del personal funcionario de carrera únicamente en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. d)       Todo el régimen general aplicable al personal funcionario, salvo el relativo a promoción interna y acceso al empleo público.

37.        Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse:

a)       Dentro del plazo improrrogable de dos años. b)       Dentro del plazo de un año, prorrogable por otro más. c)        Dentro del plazo improrrogable de tres años. d)        Dentro del plazo improrrogable de cuatro años.

38.       Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a)       La renuncia a la condición de funcionario. b)       La jubilación parcial del funcionario. c)        La sanción disciplinaria de separación del servicio aunque no tenga carácter firme. d)       La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, aunque no haya adquirido firmeza.

39.        De conformidad con lo regulado en el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, serán negociadas en el ámbito de la Comisión Negociadora:

a)       Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo de carácter singular que solo afecten a una Conseje ría. b)       Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo de carácter general y aquellas singulares que afecten a más de una Consejería. c)        La modificación o supresión de puestos de trabajo derivada de expedientes de modificación de las condic iones de trabajo de las personas ocupant es de los mismos. d)        Las modificaciones derivadas de la ejecución de planes de recursos humanos.

40.        La copia básica del contrato se entregará por el empresario a los representantes legales de los trabajadores -tal y como dispone el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -en un plazo no superior a:

a)       5 días desde la formal ización del contrato. b)       1O días desde la formalización del contrato. c)        15 días desde la formalización del contrato. d)       20 días desde la formalización del contrato

41.        Según el VIII Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, podrá acordar por unanimidad de cada una de las partes que la componen, en supuestos excepcionales y justificados, la acumulación de dos o más adjudicaciones de destinos en una sola:

a)       La Comisión Negociadora. b)       La Comisión Paritaria. c)        La Comisión de Valoración. d)       La Comisión Negociadora y la Comisión de Valoración de forma conjunta.

42.        Respecto de los complementos personales transitorios, el articulo 83 de la Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla-La Mancha establece que:

a)       Uno de los criterios de absorción es la mejora retributiva derivada del incremento general de las retribuciones establecida anualmente en los correspondientes presupuestos. b)       Uno de los criterios de absorción es la mejora retributiva derivada del cumplimiento de nuevos trienios. c)        Pueden ser incrementados o revalorizados. d)       No podrán ser incrementados ni revalorizados.

43.       De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-la Mancha, cuando el personal funcionario cambie de adscripción a un subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido:

a)       Se considerará como de servicios prestados en el nuevo subgrupo o grupo de clasificación profesional b)       Se considerará como de servicios prestados en el subgrupo o grupo de clasificación profesional de origen. c)        No se computarán a efectos de trienios. d)       No se tomará posesión en el nuevo subgrupo o grupo de clasificación hasta que se perfeccione el trienio en cuestión.

44.       El personal funcionario destinado en servicios de las Administraciones publicas en el extranjero es retribuido, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 4/2011, de 1O de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha:

a)       Por los mismos conceptos previstos para los que presten servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma, excluidas las pagas extraordinarias. b)       Por los mismos conceptos previstos para los que presten servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma, con derecho asimismo a percibir una indemnización por equiparación del poder adquisitivo. c)        Por los mismos conceptos previstos para los que presten servic ios en el territorio de la Comun ida Autónoma, excluidos los trienios. d)       Por los mismos conceptos previstos para los que presten servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma, con derecho asimismo a percibir un complemento personal transitorio.

45.        ¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento de reintegro por pago indebido de los previstos en el artículo 95 de la Ley 4/2011, 1O de marzo, de Empleo de Público de Castilla-la Mancha?

a)       Un año. b)       Doce meses. c) Seis meses. d) Dos años.

46.        De acuerdo con el artículo 144 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación de cotizar se suspenderá en las situaciones de:

a)       Huelga. b)       Incapacidad temporal. c)        Riesgo durante el embarazo. d)       Riesgo durante la lactancia natural.

47.        De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que ese aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento de la pensión vitalicia de viudedad:

a)       Prescribe a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. b)       Prescribe a los tres años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. c)        Prescribe al año, contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. d)        Es imprescriptible.

48.       De conformidad con el Decreto Legislativ o 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, se entiende por subvención con asignación nominativa en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha:

a)       Aquella que se acredite por razones de interés público, social, económico o humanitario. b)       Aquella en que al menos su objeto aparezca determinado en el estado de gasto del Presupuesto. c)       Aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gastos del Presupuesto. d)       Aquella que venga impuesta por norma reglamentaria.

49.        En relación a la gestión del presupuesto de ingresos, y de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, señale la respuesta correcta:

a)       La extinción de los derechos se producirá, únicamente, por su cobro. b)       La extinción por compensación solo podrá producirse en los casos autorizados por el titular de la Consejería competente en materia de hacienda. c)        La extinción por compensación solo podrá producirse en los casos autorizados por la Intervención General. d)       Se realizará a través de las fases de reconocimiento del derecho y extinción del derecho.

50.       De acuerdo con el artículo 34 bis del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el marco presupuestario a medio plazo:

a)       No existe el marco presupuestario a medio plazo. b)       Dará coherencia y trazabilidad al principio de estabilidad presupuestaria. c) Dará consistencia y continuidad al principio de estabilidad presupuestaria. d) Dará coherencia y continuidad al principio de estabilidad prespuestaria.

51.       ¿Cuándo debe remitirse a las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha?

a)       Antes del 31 de octubre de año anterior al que se refiera dicho proyecto. b)       Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto. c)       Antes del 1 de septiembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto. d)       Antes del 1 de noviembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.

52.        Según el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la información relativa a la ejecución presupuestaria, en la que se incluirán las modificaciones presupuestarias realizadas, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha:

a)       Al inicio del último trimestre del año. b)       Al inicio de cada trimestre del año. c) Al inicio de cada semestre del año. d) Al finalizar el ejercicio presupuestario.

53.       Para hacer efectivo el derecho de acceso a la información publica, las personas físicas y jurídicas podrán, tal y como prevé el artículo 23 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha:

a)      Acceder, sin limitaciones y directamente a la información que obre en poder de cualquiera de las entidades e instituciones acreditando un interés legítimo. b)       Ejercer el derecho de acceso sin necesidad de concretar la petición. c)       Obtener la informac ión solicitada en el plazo de 10 días desde su solicitud de acceso. d)       Conocer, con carácter previo, el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada.

54. Respecto de la transparencia y publicidad activa, no es una principio básico contemplado en el artículo 2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha:

a)       Principio de interoperabilidad. b)       Principio de reutilización. c)       Principio de trazabilidad. d)       Principio de accesibilidad.

55.        Entre otros fines, la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha pretende:

a)       Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, información y responsabilidad, primando la participación ciudadana sobre la democracia representativa. b)       Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activa mente en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, información y responsabilidad, conjugando la democracia representativa con la participación ciudadana. c)       Velar para que el ejercicio de la participación sea útil y viable, promoviendo formas de cooperación que contribuyan a una gestión más eficaz de los asuntos públicos. d)       Tomar en consideración en la gestión pública las conclusiones de los procedimientos e instrumentos de participación contemplados en dicha Ley.

56.       De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad:

a)       Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años. b)       Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. c)       Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de trece años. d)       Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.

57.       Son categorías especiales de datos, de acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de.diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

a)       Aquellos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. b)       Aquellos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, estado civil, creencias u origen racial o étnico. c)       Aquellos cuya finalidad principal sea identificar la profesión, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. d)       No se contemplan categorías especia les de datos en la Ley Orgánica 3/2018.

58.       Uno de los objetos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales es:

a)       Garantizar el adecuado tratamiento automatizado de datos personales. b)       Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el art ículo 18.4 de la Constitución. c)       Garantizar la exactitud de los datos. d)       Garantizar el cumplimiento del deber de confidencialidad.

59.        En relación con el tratamiento de datos de naturaleza penal, el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone:

a)       Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango legal. b)       Los abogados y procuradores no podrán tratar los datos relativos a condenas e infracciones penales. c)       El tratamiento de este tipo de datos se regula en el Código Penal. d)       Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango reglamentario.

60. Conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión tienen el derecho:

a)       De formular peticiones al Parlamento Europeo en una de las lenguas de los Tratados. b)       De circular y residir libremente sin límites en el territorio de los Estado miembros. c)        De sufragio activo y pasivo en las elecciones del Estado miembro en que residan. d)    De acogerse en un tercer país, que no pertenezca a la Unión Europea, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.