Extramadura examen administrativo 2018

1. De conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinado, el contrato no podrá tener una duración superior a:

a) Dos años ampliables hasta doce meses más b) Tres años ampliables hasta doce meses más. c) Cinco años ampliables hasta doce meses más. d) Un año ampliable hasta doce meses más

2. Según el R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de enfermedad común, ¿qué período mínimo de cotización se acreditará para ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal?:

a) Ciento ochenta días dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante. b) Quinientos cuarenta y cinco días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. c) Ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. d) No se exigirá ningún período previo de cotización.

3. Conforme al R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por maternidad, para el supuesto general, consistirá en un subsidio equivalente a:

a) El 80% de la base reguladora correspondiente. b) El 75% de la base reguladora correspondiente. c) El 70% de la base reguladora correspondiente. d) El 100% de la base reguladora correspondiente.

4. Conforme al R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá un período mínimo de cotización efectiva de:

a) 38 años y seis meses. b) 33 años. c) 35 años. d) 15 años.

5. De acuerdo con el R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán:

a) En el mismo mes de cumplimiento de la edad legal de jubilación. b) A partir del día primero del mes siguiente al mes de cumplimiento de los 65 años. c) A partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud. d) A partir del día primero del mismo mes en el que se presente la solicitud.

6. El artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público determina que los interesados podrán promover recusación en un procedimiento:

a) En el plazo de un día. b) En el plazo de tres meses. c) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. d) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

7. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios suscritos por la Administración, cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma dentro de:

a) Los cinco meses siguientes a la suscripción. b) Del mes siguiente a la suscripción. c) Los tres meses siguientes a la suscripción. d) Los dos meses siguientes a la suscripción.

8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge como principio de las relaciones interadministrativas:

a) La lealtad institucional. b) La solidaridad territorial. c) Respetar el ejercicio legítimo de las otras Administraciones de sus competencias. d) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos conseguidos.

9. En relación con la potestad sancionadora, se establece en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que, las sanciones administrativas sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad, de acuerdo con el principio de:

a) Irretroactividad b) Responsabilidad c) Proporcionalidad d) Legalidad

10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde:

a) El día que se notifique la resolución. b) El día siguiente de su comisión. c) El día siguiente que se notifique la resolución. d) El día en que la infracción se hubiera cometido.

11. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:

a) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos, en los términos que reglamentariamente se establezca. b) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos. c) No serán titulares de intereses legítimos. d) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

12. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:

a) Dos años a contar desde la fecha de inscripción. b) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción. c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción. d) Un año a contar desde la fecha de inscripción.

13. Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, la Administración salvo precepto en contrario podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos:

a) Que no exceda de una tercera parte de los mismos a petición de los interesados b) Que no exceda de la quinta parte de los mismos. c) Que no exceda de la mitad de los mismos. d) No se puede conceder una ampliación de los plazos establecidos.

14. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general:

a) Podrán interponerse directamente ante el órgano superior al que dictó dicha disposición. b) No serán válidos en vía administrativa c) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. d) No cabra recurso alguno en vía administrativa.

15. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso:

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. c) Suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta la resolución del recurso presentado. d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

16. ¿Cuándo se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) Transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución. b) Transcurrido el plazo de cuatro años desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución. c) Transcurrido el plazo de seis meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución. d) Transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado resolución.

17. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público, establece que los contratos administrativos especiales se rigen en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, en primer término:

a) Por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. b) Por las normas de derecho administrativo del ámbito correspondiente. c) Por las normas de derecho privado. d) Por sus normas específicas.

18. En referencia al plazo de duración de los contratos y según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el preaviso en caso de prórroga queda exceptuado para:

a) Los contratos de suministro de prestación sucesiva. b) Los contratos de servicios de mantenimiento. c) Los contratos cuya duración sea inferior a dos meses. d) En ningún caso es posible prorrogar los contratos del sector público.

19. El plazo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para subsanar los defectos que puedan afectar al escrito de un recurso especial será de:

a) Dos días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento. b) Dos días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento. c) Tres días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento. d) Tres días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento.

20. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:

a) Límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. c) Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

21. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen de la garantía provisional preceptúa sobre ella que:

a) No podrá ser superior al 5 por 100 del presupuesto base de licitación. b) Responde del incumplimiento de prescripciones durante la ejecución del contrato. c) En el caso de división en lotes se fija en función del importe del presupuesto total del contrato. d) Se extingue automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.

22. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deben aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato o en su caso, adjudicación, y solo pueden ser modificados con posterioridad:

a) Por error material, de hecho, o aritmético. b) Por error material, de derecho o aritmético. c) Por error susceptible de nulidad o anulabilidad. d) Una vez aprobados no pueden ser modificados, han de retrotraerse las actuaciones.

23. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la posibilidad de acudir al procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a las cuantías establecidas en el artículo 159.1.a), y además:

a) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 20 por ciento del total. b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 25 por ciento del total. c) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 30 por ciento del total. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

24. Dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como prerrogativa del órgano de contratación en los contratos administrativos se encuentra:

a) Interpretar los contratos privados. b) Resolver dudas que ofrezca su adjudicación. c) Modificarlos por razones de oportunidad. d) Suspender la ejecución del mismo.

25. En el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece que en los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde:

a) La fecha de resolución de cumplimiento total de la prestación. b) La fecha de recepción o conformidad. c) La fecha de terminación del objeto del contrato. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

26. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público indica sobre la ejecución del contrato de obras y a los efectos del pago, que la Administración expedirá mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos son denominados y tienen el concepto de:

a) Pagos anticipados. b) Pagos a cuenta. c) Abonos diferidos. d) Pagos a autorizar.

27. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando establece que la Administración podrá gestionar indirectamente los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares, está delimitando el ámbito de:

a) El contrato de concesión de servicios. b) El contrato de concesión de obras. c) El contrato de servicios. d) Los servicios públicos no pueden ser objeto de ningún tipo de contrato.

28. El derecho a la tutela judicial efectiva queda recogido en nuestra Constitución:

a) En el artículo 20. b) En el artículo 24. c) En el artículo 26. d) En el artículo 30.

29. El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa como un derecho o libertad constitucionalmente garantizado:

a) En el marco de la economía de mercado. b) En el marco de la economía social. c) En el marco de una economía global. d) En el marco de una economía centralizada.

30. En relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución de 1978:

a) Es una obligación que corresponde a todos los ciudadanos. b) Es un deber que corresponde a todas las personas. c) Es un derecho que corresponde a todos los españoles d) Es un derecho fundamental que corresponde a todas las personas.

31. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán:

a) Por Decreto- Ley. b) Por Ley Orgánica. c) Por ley ordinaria. d) Convocando un referéndum.

32. Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores se determinan por:

a) El Presidente del Gobierno. b) Las Cortes Generales. c) La ley electoral. d) El Tribunal Constitucional.

33. Según el artículo 81 de la Constitución, la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige:

a) Mayoría simple del Congreso. b) Mayoría absoluta del Congreso. c) Mayoría absoluta del Senado. d) No se exige ningún tipo de mayoría en este tipo de leyes.

34. Establece la Constitución que están legitimados para interponer el recurso de amparo:

a) El Presidente del Gobierno. b) El Defensor del Pueblo. c) 50 Diputados. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

35. El artículo 169 de la Constitución prescribe que no podrá iniciarse la reforma constitucional:

a) En tiempo de guerra. b) Cuando se declare el estado de emergencia. c) Cuando el Gobierno se encuentre en funciones. d) Cuando las Cortes se hallen disueltas.

36. En relación a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la afirmación CORRECTA:

a) El cese del personal eventual podrá tener lugar cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. b) La designación del personal directivo se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. c) Una de las circunstancias para que un funcionario interino sea nombrado, es la acumulación de tareas por plazo máximo de ocho meses, dentro de un periodo de doce meses. d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.

37. Señale cuál de las siguientes respuestas NO es una de las circunstancias recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, para proceder al nombramiento de un funcionario interino:

a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función Pública dictadas en desarrollo del mismo. b) Existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. c) Sustitución transitoria de los titulares. d) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un plazo de dieciocho meses.

38. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre las Mesas de contratación establece lo siguiente:

a) El personal funcionario interino nunca puede formar parte de las mismas. b) Es el órgano de asistencia jurídica especializada. c) Puede formar parte el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato que se trate, salvo determinados supuestos. d) Los miembros son nombrados por el órgano de contratación.

39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre a solicitud de la persona interesada. b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. c) Los procedimientos de naturaleza sancionadora establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. d) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

40. Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, que los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Esta solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo excepciones, en el plazo de:

a) Quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. b) Cinco días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. c) Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. d) Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro de la Administración u Organismo competente.

41. Según el Estatuto de los Trabajadores los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral NO se regulan:

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. b) Por los convenios colectivos. c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y con la posibilidad de imponer al trabajador condiciones menos favorables a las establecidas por los convenios colectivos antes expresados. d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

42. Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado:

a) En el plazo de diez días. b) En el plazo de cinco días. c) En el plazo de veinte días. d) En el plazo de quince días.